Alberto Fox Cahn 
Amanda Humell 15 de octubre de 2020
Una inquietante nueva táctica policial aprovecha todo el poder de seguimiento de las 'grandes tecnologías'
¿Cuántas veces buscaste en Google hoy? Pocos de nosotros sabemos la respuesta. No son solo las consultas ingresadas en las omnipresentes barras de búsqueda de Google, sino las innumerables otras aplicaciones en el ecosistema de Google, que recopilan constantemente todas nuestras preguntas para refinar su imagen de incluso las esferas más íntimas de nuestra vida. En manos de los anunciantes, esta tecnología es espeluznante. Pero cuando los organismos encargados de hacer cumplir la ley la aprovechan al máximo, puede convertirse en un grave peligro para la sociedad civil y los derechos humanos.
La policía ha utilizado registros de búsqueda en casos penales durante décadas, pero los tipos de búsqueda cada vez más invasivos y expansivos controlarán aún más el poder de los gigantes tecnológicos globales como herramientas de vigilancia gubernamental. Una tendencia recientemente documentada se presenta en forma de órdenes de búsqueda de palabras clave, que amplían exponencialmente el poder de esta herramienta de seguimiento.
De investigar individuos a investigar comunidades enteras
Históricamente, los tribunales ordenaban a Google y otras empresas de búsqueda que divulgaran el historial de búsqueda y los datos de ubicación del acusado. Ese tipo de registro puede ser bastante invasivo, pero se ajusta al marco más amplio de las investigaciones legales: una persona es sospechosa de un delito, una empresa tiene registros sobre ella y esa empresa se ve obligada a entregarlos. Pero la búsqueda de palabras clave justifica revertir este proceso, lo que genera amenazas alarmantes para la privacidad personal.
Con una búsqueda por palabra clave, la policía exige una lista de cada usuario que haya buscado un término de búsqueda específico o "palabra clave". En lugar de devolver información de una sola persona sospechosa de un delito, las órdenes de captura de palabras clave brindan información sobre cientos, miles o incluso millones de usuarios, aunque la gran mayoría de los identificados probablemente sean completamente inocentes. Peor aún, los jueces que firman estas órdenes no saben cuántos usuarios se verán atrapados en la búsqueda en el momento en que las aprueben. No pueden porque es la búsqueda por palabra clave en sí misma la que le dice a la policía cuántas personas buscaron un nombre, dirección o producto específico.
Los magistrados de los tribunales de primera instancia ya aprobaron estos registros invasivos, pero muchos esperan que los tribunales superiores los declaren inconstitucionales. En particular, las órdenes de búsqueda de palabras clave no cumplen con el requisito de particularidad que se encuentra en la Cuarta Enmienda de la Constitución de los EE. UU. Esto se debe a que la policía no puede describir en particular la causa probable para tratar a cada usuario de Google que buscó una dirección como sospechoso. Todo lo contrario, saben que la gran mayoría de las personas que realizan tales búsquedas no tendrán conexión con el crimen.
Los resultados son escalofriantes. Las órdenes de búsqueda de palabras clave permiten a la policía identificar a todos los usuarios en un área física, brindándoles una herramienta poderosa para rastrear a los miembros de una protesta o comunidad religiosa, o incluso a aquellos que reciben atención médica reproductiva, incluidos los abortos.
"Hola Google, ¿quién buscó esta dirección?"
El ejemplo de más alto perfil de una orden de búsqueda de palabras clave ocurrió el verano pasado, aunque los hechos de la búsqueda solo están saliendo a la luz ahora. La búsqueda se relacionó con el enjuiciamiento en curso del cantante y acusado de delincuente sexual R. Kelly, ya que la policía trató de probar que uno de los asociados del cantante participó en un incendio provocado e intimidación de testigos.
En una solicitud de orden judicial del 13 de julio, un agente federal de inmigración detalló los pasos previos que los agentes habían tomado en la investigación del socio de R. Kelly. Una línea aparentemente inocua en el tedioso y seco documento 13 contenía la bomba revelación: El 15 de junio de 2020, el Honorable Ramón E. Reyes, Jr., Juez Magistrado de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, autorizó una orden de registro a Google para los usuarios que habían buscado la dirección de la Residencia cerca del momento del incendio.
En particular, en este caso, el acusado no fue el único que buscó la dirección en cuestión. No, el agente señala que el individuo estaba simplemente entre los individuos que registraron la dirección. Pero el agente no le dice a la corte cuántas personas hicieron esta búsqueda, si fueron docenas, cientos o más. Además, el agente nunca dice qué significan las búsquedas cercanas al incendio provocado. ¿Eso significa en cuestión de minutos, el mismo día o solo el mismo mes?
Estos detalles son cruciales, porque si los investigadores lanzan una red lo suficientemente amplia, siempre pueden encontrar a alguien que parezca encajar con su teoría del caso. Y cuando lo hacen, simplemente suben la escalera de la vigilancia, recopilando cada vez más información. Aquí, los agentes utilizaron la orden de búsqueda de palabras clave para obtener una orden de información histórica del sitio celular, que puede proporcionar un registro casi constante de los movimientos de un sospechoso. Al igual que con cualquier invasión de los derechos civiles, esto puede tener resultados positivos en casos aislados, pero no hace falta mucha imaginación para ver cómo se puede abusar de la técnica.
De esta manera, el peligro de las órdenes de búsqueda de palabras clave es doble: en primer lugar, estas herramientas rastrean a un gran número de personas sin conexión con un delito y, en segundo lugar, la cantidad casi ilimitada de datos aumenta el riesgo de falsos positivos, aparentes sospechosos que enfrentan una vigilancia secundaria aún más invasiva como resultado de ajustarse al patrón anticipado de la policía.
Ambas prácticas habrían sido un anatema para los redactores de la Constitución estadounidense, quienes redactaron la Cuarta Enmienda como su requisito de particularidad en respuesta a las garantías generales de la era colonial. Antes de la revolución, los funcionarios británicos usaban estas órdenes generales para registrar cualquier lugar, apoderarse de cualquier persona o propiedad que buscaran, casi sin compensación alguna.
Órdenes de búsqueda inversa como tendencia
Y las órdenes de búsqueda por palabra clave son solo una de una lista cada vez mayor de las llamadas "órdenes de búsqueda inversa", que alteran la lógica tradicional de las órdenes y registran un amplio grupo de personas inocentes con la esperanza de encontrar al culpable.
Otro ejemplo escalofriante son las "órdenes de geovalla", que permiten a la policía exigir la identidad de cada usuario de Google en un área específica en un momento específico. Pero las órdenes de geovalla no necesitan ser tan específicas, cubriendo una casa, un vecindario o incluso una ciudad entera. Al igual que con la orden de palabra clave, una orden judicial puede cubrir fácilmente los registros de miles de usuarios, sin que los jueces sepan en el momento de firmar la orden cuántos datos de usuarios se divulgarán.
Otro ejemplo proviene de la gama cada vez más amplia de servicios de pruebas de ADN en el hogar. Sitios web como Ancestry.com y GEDMatch ofrecen a los usuarios la oportunidad de explorar su genealogía, encontrar parientes perdidos y, ahora, terminar en una alineación genética perpetua. GEDmatch confirmó el año pasado que había recibido al menos una orden judicial para buscar en su base de datos, y Ancestry.com también ha luchado activamente contra las órdenes judiciales. Al igual que las geocercas y las búsquedas de palabras clave, estas órdenes obligan a las empresas a buscar registros de millones de personas, todas (o casi todas) completamente inocentes, con la esperanza de encontrar a un posible sospechoso.
Si el presidente intentara obligar a todos los estadounidenses a someterse a un registro nacional de ADN, sería completamente ilegal. Pero, al usar este tipo de órdenes de búsqueda inversa, la policía puede crear de manera efectiva exactamente la misma herramienta. Ciertamente, no todos los estadounidenses han participado con estas pruebas de ADN caseras, pero no tienen por qué hacerlo. Eso es porque incluso si nunca envía su información a una de estas bases de datos, el simple hecho de tener un pariente lejano en la base de datos puede ser suficiente para exponer su propia información genética.
Creciente resistencia legislativa y judicial
Afortunadamente, esta tendencia de órdenes de búsqueda inversa en constante expansión no ha pasado desapercibida. Cada vez más, vemos el rechazo de los jueces de primera instancia y los magistrados que rechazan las solicitudes de órdenes amplias de geovalla: si el gobierno puede identificar a ese malhechor solo examinando las identidades de personas inocentes desconocidas sin causa probable y de una manera que permita a los funcionarios hurgar donde les plazca. para ver qué sale una corte federal en los Estados Unidos de América no debería permitir la intrusión.
Y a medida que el problema avanza en el sistema judicial, existe la esperanza de que los tribunales de apelación y la Corte Suprema prohíban la práctica categóricamente. Del mismo modo, existen esfuerzos para prohibir la práctica a nivel estatal. Un proyecto de ley que nuestra organización, STOP, ayudó a redactar, está actualmente pendiente ante la legislatura del estado de Nueva York. Si se aprueba, prohibiría todas las órdenes de geocerca en todo el estado.
Lamentablemente, el retroceso es fragmentario. Por ejemplo, la legislación sobre órdenes de geovalla no se aplicaría a las órdenes de palabra clave como las utilizadas en el caso de R. Kelly. El motivo: no sabíamos que se estaba realizando este tipo de búsqueda. De esta manera, vemos la constante actualización constitucional para aquellos que se oponen a las nuevas herramientas de búsqueda en los Estados Unidos. En ausencia de un cambio más fundamental en la jurisprudencia constitucional o una legislación de privacidad no presentada, la policía seguirá teniendo las manos libres para inventar formas cada vez más invasivas de recolectar nuestros datos digitales, operando con las manos libres mientras los legisladores y el público luchan por mantenerse al día. .
DESCARGAR PDF LICENCIADO BAJO CC POR SA CITA SUGERIDA Fox Cahn, Albert; Humell, Amanda: Las 'autorizaciones de palabras clave' hacen que cada búsqueda sea un riesgo: una nueva e inquietante táctica policial aprovecha todo el poder de seguimiento de las 'grandes tecnologías', VerfBlog, 2020/10/15, https://verfassungsblog.de/keyword-warrants/ , DOI: 10.17176/20201015-233342-0.
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